El pasado domingo 7 de mayo se realizó una histórica elección en Chile: se eligieron a los 51 consejeros constitucionales que tendrán la misión de redactar una propuesta de nueva Constitución para el país, en el marco del proceso constituyente iniciado en 2020 y continuado a partir de 2022 luego del triunfo de la opción «Rechazo» en el plebiscito constitucional de septiembre.

Los resultados de esta elección han sorprendido a muchos, pues han mostrado un escenario político muy diferente al que se venía configurando en los últimos años. En este artículo, analizaremos las principales características y consecuencias de este proceso electoral, desde la perspectiva de un analista político chileno.

El triunfo del Partido Republicano

Sin duda, el gran ganador de esta elección ha sido el Partido Republicano, que logró elegir a 23 representantes de su lista, obteniendo la mayoría absoluta del Consejo Constitucional. Este partido, fundado en 2019 por el exdiputado José Antonio Kast, se define como una fuerza política de extrema derecha, conservadora, nacionalista y liberal. Su discurso se ha caracterizado por defender los valores cristianos, la familia tradicional, el orden público, el libre mercado y la soberanía nacional. Asimismo, se ha opuesto frontalmente al proceso constituyente, al que considera ilegítimo e innecesario.

El éxito del Partido Republicano se explica por varios factores. Por un lado, supo capitalizar el descontento y la movilización de un sector importante de la ciudadanía que rechazó la idea de cambiar la Constitución vigente desde 1980, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Por otro lado, logró presentar una lista unitaria y coherente, con candidatos jóvenes, profesionales y con experiencia política o social. Además, contó con una estrategia comunicacional efectiva, basada en las redes sociales y los medios digitales, que le permitió llegar a un amplio público con mensajes simples y directos.

El Partido Republicano ha demostrado ser una fuerza política emergente y consolidada, que ha logrado captar el apoyo de una parte significativa del electorado chileno. Su triunfo representa un desafío para el resto del espectro político, que tendrá que enfrentarse a una propuesta constitucional claramente conservadora y contraria al cambio.

El fracaso del oficialismo y la derecha tradicional

En contraste con el Partido Republicano, el oficialismo y la derecha tradicional han sufrido una dura derrota en esta elección. El pacto Chile Seguro, que agrupó a los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), solo logró elegir a 11 consejeros constitucionales, quedando muy lejos de sus expectativas. Estos partidos forman parte de lo que fue la coalición gobernante durante el gobierno de Sebastián Piñera, Chile Vamos.

La debacle del oficialismo y la derecha tradicional en esta elección de consejeros constitucionales se debe a varios motivos. Por un lado, estos partidos sufrieron una fuerte división interna respecto al proceso constituyente: mientras algunos sectores apoyaron la opción «Rechazo» en el plebiscito, otros optaron por la opción «Apruebo», generando confusión y desconfianza entre sus bases.

Por otro lado, estos partidos no lograron presentar una lista única y competitiva para la elección de consejeros constitucionales: se dividieron en dos pactos (Chile Seguro y Unidad para Chile) y postularon candidatos con poca representatividad y carisma. Además, estos partidos se vieron afectados por el desgaste y el desprestigio.

La dispersión de la centroizquierda y el centro

Otro de los aspectos que llamó la atención en esta elección de consejeros constitucionales fue la dispersión y la debilidad de la centroizquierda y el centro, que no lograron conformar una lista única y competitiva para enfrentar al Partido Republicano. El pacto Todo por Chile, que reunió al Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), no consiguió elegir a ningún consejero constitucional, quedando fuera del Consejo. Estos partidos, que formaron parte de las coaliciones Concertación y Nueva Mayoría en el pasado, sufrieron una fuerte crisis de representación y legitimidad, al no lograr conectar con las demandas sociales y políticas del país.

La división de la centroizquierda y el centro se produjo por varias razones. Por un lado, hubo diferencias ideológicas y programáticas entre los partidos que conformaban este sector: mientras algunos se mostraron más proclives a una reforma constitucional moderada y gradual, otros apostaron por una transformación más profunda y radical. Por otro lado, hubo falta de liderazgo y coordinación entre las distintas fuerzas políticas: no hubo una figura capaz de aglutinar y articular a los distintos actores en torno a un proyecto común. Además, hubo una subestimación del fenómeno del Partido Republicano: se pensó que era una minoría marginal y que no tendría mayor incidencia en el proceso constituyente.

La fragmentación de la centroizquierda y el centro tiene consecuencias importantes para el futuro político del país. Por un lado, implica una pérdida de influencia y relevancia en el debate constitucional: al no tener representación en el Consejo Constitucional, estos partidos tendrán menos capacidad de incidir en la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito. Por otro lado, implica un desafío para la recomposición y renovación de este sector: se requerirá de un proceso de reflexión y autocrítica para recuperar la confianza y el apoyo de la ciudadanía.

El desafío del diálogo y el acuerdo

Finalmente, cabe destacar el desafío que implica para el país el escenario político que se ha configurado tras esta elección de consejeros constitucionales. Se trata de un escenario marcado por la polarización y la confrontación entre dos visiones opuestas sobre el proceso constituyente y el modelo de sociedad que se quiere construir. Por un lado, está la visión del Partido Republicano, que defiende la constitución vigente y el sistema neoliberal, y que busca preservar el statu quo. Por otro lado, está la visión de Unidad para Chile, que cuestiona la legitimidad de la Constitución actual y el modelo económico y social, y que busca impulsar cambios estructurales y progresistas.

Ante este panorama, se hace necesario y urgente el diálogo y el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y sociales que participan del proceso constituyente. Se trata de un imperativo democrático y ético, que busca garantizar la participación y la representación de todos los sectores de la sociedad chilena en la definición del nuevo pacto social. Asimismo, se trata de un requisito práctico y legal, que busca asegurar la viabilidad y la legitimidad de la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito.

El diálogo y el acuerdo no implican renunciar a las propias convicciones ni a los propios intereses. Tampoco implican imponer o ceder ante las visiones o las demandas de otros. Implican, más bien, reconocer y respetar la diversidad y la pluralidad que existe en el país. Implican, también, buscar y encontrar puntos de encuentro y de consenso que permitan avanzar hacia una Constitución que refleje los valores y los principios que nos unen como nación.